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Ante la actual ola protagonizada por la nueva moda de los deshaucios que diariamente venimos a soportar todos los españoles, uno cada 8 minutos según se nos viene anunciando por los medios de comunicación, uno se pregunta hasta cuando esta bochornosa situación que, en gran medida, viene propiciada por las nefastas actuaciones gubernamentales.
Que duda cabe que en tiempos de Rodríguez Zapatero y a pesar que el partido de Mariano Rajoy quiera reconocer lo contrario, es el actual gobierno quien se resiste a cambiar la ley, una ley que ya en tiempos del franquismo estuvo presente y que venía más o menos a decir que, cuando un español pasara por una situación de desempleo entraría automáticamente en suspenso toda actividad represora, es decir, no sería responsable de sus incumplimientos contractuales y por lo tanto quedaría en suspenso toda ejecución represiva.
Es producto de la política proteccionista hacia las grandes fortunas y capital, comenzada por el partido de Mariano Rajoy, quién nos está abocando a todos los ciudadanos a una situación tan singular como la que venimos soportando últimamente. Aquí no hay otra que apechugar con las que el nuevo dictador que hace caso omiso a las actuales leyes cuando no les cuadra por sentirse perjudicados ¿¡?, mientras tanto nos embute, queramos o no, con unas fórmulas que se resiste a cumplir la modificación de su debacle iniciada.
El Poder Judicial pide cambiar la ley de desahucios pero el Gobierno se resiste
Economía estudia cómo involucrar a los bancos que reciben dinero del FROB
El PSOE emplaza al Ejecutivo a alcanzar un acuerdo de forma urgente
El Gobierno es reacio a modificar la ley para frenar los desahucioso, tal y como le pide la oposición, empezando por el PSOE, y, ayer, el vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Fernando de Rosa. El Ministerio de Economía asegura que es pronto para determinar si el Código de Buenas Prácticas firmado con los bancos ha funcionado. Se aprobó hace seis meses pero, en realidad, ha estado en vigor menos de dos porque luego se abrió un plazo para que los bancos se sumaran voluntariamente a un acuerdo que, una vez suscrito, les obliga a ser flexibles al ejecutar desahucios.
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